COYUNTURA

Opinión: Demoras en el Poder Judicial

Fuente: Expreso

El jueves 26 de abril, el Tribunal Constitucional decidió acoger el hábeas corpus presentado por la defensa de Nadine Heredia y Ollanta Humala. Esta decisión implica la excarcelación de ambos y su juzgamiento bajo comparecencia restringida. Más allá de los aspectos legales del proceso, que no serán discutidos a fondo en este artículo, lo anecdótico de la situación fue que la excarcelación se dio recién el lunes 30.

¿Qué originó la demora en la excarcelación?

Pese a que el fallo se dio el jueves pasado, este no fue comunicado a tiempo a las instancias correspondientes. Hasta las 5:00 p.m. del viernes 27 de abril ni el Poder Judicial ni el INPE habían recibido las notificaciones correspondientes para proceder con la excarcelación de Humala o de Heredia. Luego, la llegada del fin de semana paralizó los trámites y fueron reiniciados el lunes 30, día en que ambos salieron finalmente en libertad.

¿Cómo afectan estas demoras a la inversión privada?

Aunque en el caso Humala – Heredia, esta demora pueda resultar anecdótica, en realidad es una muestra de la lentitud de los trámites y de la propia justicia en el Perú. Según el ranking Doing Business del Banco Mundial, que mide aspectos de tiempos y costos de procedimientos, un proceso judicial en el Perú puede demorar alrededor de 426 días. Al factor de la lentitud en los procesos, se le suma que, según el mismo ranking, el índice de calidad de los procesos judiciales es de solo 8.5 (de un máximo de 18). Esos números no hacen más que resumir el sentir de la población y reforzar las ideas de una justicia burocrática e ineficiente.

Un tema actual como la excarcelación de Nadine Heredia y Ollanta Humala ha permitido evidenciar, una vez más, las fallas en el sistema de justicia peruano. La importancia económica de un sistema de justicia adecuado se traduce automáticamente en la capacidad de atraer inversión privada. Una empresa, antes de tomar una decisión de inversión en un país, analiza su marco legal, el cumplimiento de las leyes, la predictibilidad y la transparencia del sistema judicial. Mientras no se pueda garantizar que “las reglas de juego” a las que las empresas se enfrentarán sean predecibles y que los conflictos o desacuerdos con esas reglas puedan ser resueltos eficientemente (en tiempo y calidad) seguirán habiendo problemas para atraer inversión privada.p

Andrea Pinedo
Economista de la Universidad del Pacífico. Trabajo en el sector público en temas de innovación social. Me encanta viajar, la historia y la fotografía.
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