ECONOMÍA

Análisis: Minería, riqueza que empobrece

Rumbo Minero

En el Perú, las regiones con mayor potencial minero han fallado en su intento por asegurar adecuadas condiciones de desarrollo económico y social. Cajamarca, por ejemplo, reportó ser el departamento con mayor incidencia de pobreza monetaria en el 2017, pese a que el 21% de sus ingresos se obtuvieron principalmente de la extracción de minerales (INEI, 2019). Sin embargo, la realidad más peligrosa es la que se esconde detrás de aquella minería que no somos capaces de fiscalizar, y cuyas exportaciones superan ya la del narcotráfico: la minería ilegal. Y es que no solo dejamos de percibir aportes tributarios, sino que enfrentamos una peligrosa e irreversible destrucción que nos empobrece entre tanta riqueza.

La minería como oportunidad y amenaza

En el 2017, Perú se posicionó como primer productor de oro en Latinoamérica y sexto a nivel mundial, con alrededor del 5% de las reservas mundiales (Osinergmin, 2017). El aumento del precio del oro fue una buena noticia para los inversionistas mineros, pero también para los ilegales e informales. Fue justamente el auge de los metales y la presencia de yacimientos fácilmente explotables lo que incrementó la actividad extractiva ilegal e informal en todas las regiones del país. Hoy, departamentos como Madre de Dios registran los menores aportes tributarios, aunque el 45% de sus ingresos provienen de la producción de oro (SUNAT, 2018).  Esto da cuenta, una vez más, de la facilidad con la que nos entrampamos en una pobreza incontrolable.

Minería ilegal e informal

La minería ilegal es definida como aquella que extrae minerales en zonas no permitidas o usa maquinaria y métodos prohibidos. La minería informal, en cambio, es legalmente viable, pero sus operadores aún no completan los requisitos exigidos por el Estado. Los ingresos generados por ambas —estimados en alrededor de US$1,000 millones anuales— no contribuyen con la recaudación de impuestos, regalías ni canon minero, a costa de una irresponsable extracción que está acabando con nuestros recursos naturales.

Lucha a ciegas

Son conocidos los efectos de la minería ilegal:  destrucción medioambiental y profundos daños sociales, asociados al lavado de activos, narcotráfico, contrabando y trata de personas (Torres, 2015). Sin embargo, se habla poco de las razones por las que la lucha contra la ilegalidad e informalidad ha tenido poco éxito.

Aunque existan numerosas mafias relacionadas con la minería ilegal, se debe considerar que la ausencia de alternativas de desarrollo económico convierte a la minería en una actividad atractiva y, en muchos casos, de subsistencia (MINEM, 2010). Es decir, la falta de oportunidades económicas locales alienta a más de 150 mil trabajadores a participar de estas actividades. Así, para departamentos como Madre de Dios, la erradicación de la minería ilegal significaría la reducción de cerca del 50% de sus fuentes de ingresos. Ciertamente, garantizar el éxito de las políticas de formalización requiere implementar estrategias que impulsen el desarrollo de otros sectores económicos en las regiones.

Por su parte, las autoridades de los tres niveles de gobierno necesitan ser más efectivas combatiendo la minería ilegal en toda su cadena de valor. Se estima, por ejemplo, que a causa del contrabando se importaron más de 190 toneladas de mercurio en el 2016. El mercurio es el principal contaminante del agua y recursos de la Amazonía. Sin embargo, para el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski no era preocupante «si había un poquito de contrabando saliendo por Puno». Resulta alarmante, además, el retraso que originan la corrupción y débil institucionalidad en los gobiernos regionales. En Madre de Dios, particularmente, el uso de dragas ha sido materia de negociación para algunos funcionarios, pese a que la ley lo prohíbe por su alto y perjudicial efecto en los ríos. Sin duda, el ejecutivo debe fortalecer su compromiso multisectorial y los gobiernos regionales su rol fiscalizador para que operaciones como la de La Pampa nos devuelvan la esperanza.

Por último, necesitamos sincerar que luchamos a ciegas. La normativa actual sigue sin entender los matices de tipo geográfico, social y económico que envuelven a la informalidad. Hoy, muchos mineros quieren formalizarse, pero no son titulares de ninguna concesión ni pueden acceder a un contrato con su dueño. Mientras tanto, la ley incentiva y protege a concesionarios con poco interés en invertir; no es sorprendente, entonces, que el 97% de concesiones otorgadas estén inutilizadas. Se necesita repensar, optimizar y simplificar las condiciones para la pequeña, mediana y gran minería, para ver avances en la formalización.

Desafíos

Queda claro que, al igual que otros países de Latinoamérica, el Perú tiene el reto de rescatar las zonas degradadas y tomar medidas efectivas contra la minería ilegal e informal. El Estado tiene la tarea de asegurar un uso eficaz y eficiente de la recaudación para promover el desarrollo regional. Merecemos ver pronto los beneficios de una riqueza que hoy nos empobrece.

Alejandra Guardia Muguruza
Economista de la Universidad del Pacífico y consultora de APOYO Consultoría. Gran interés por la investigación, políticas públicas y proyectos de inversión. Apasionada por la argumentación y el voluntariado. Sueña con un Perú clasificado al mundial del bienestar y desarrollo. Disfruta viajar por el mundo, pero, en especial, admirar cada rincón peruano.
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