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Opinión: ¿Pena de muerte como solución a la inseguridad?

NM Noticias

El tema de la inseguridad ciudadana continúa siendo un tema prioritario para el 60% de peruanos, según la última encuesta de Ipsos, y ha encendido el debate respecto a la pena de muerte como elemento disuasivo para el delincuente y como solución al problema.

La última aplicación de la pena de muerte en Perú se hizo al exsuboficial JulioVargas Garayar en enero de 1979, durante el régimen del expresidente Francisco Morales Bermúdez, por el delito de espionaje al país bajo encargo de oficiales chilenos. Vargas Garayar fue condenado por traición a la patria y tuvo que pagar una reparación civil de 100,000 soles.

La actual legislación únicamente reconoce la aplicación de la pena de muerte o la pena capital en delitos de traición a la patria en caso de guerra o de terrorismo (conforme a las leyes y a los tratados de los que Perú forma parte, como lo señala la Constitución en su artículo 140°). Para delitos como el sicariato, robo agravado o hurto, que son los más frecuentes, la pena capital no podría ser aplicable frente a un infractor. Por eso, quienes desconocen del marco jurídico peruano piensan que su aplicación consiste en una sencilla modificación de la Constitución, que solo implica añadir un inciso, y obviar el proceso de Reforma Constitucional y de revisión de los tratados internacionales.

En el artículo 4° del Pacto de San José, del cual Perú forma parte, se habla sobre el Derecho a la vida. Se señala que se aplica la pena de muerte en caso que vaya en conformidad con la Ley que establezca la pena, es decir, en Perú solo es viable su aplicación en los supuestos de terrorismo o traición a la patria, como ya se había mencionado. Por ello, no se puede extender su aplicación a delitos como el sicariato, hurto, entre otros. En el mismo artículo se señala que no es aplicable con los menores de dieciocho años o mayores de setenta años.

Por otra parte, se menciona también que una vez abolida la pena capital no se puede volver a introducir en el ordenamiento jurídico. Por tales motivos, quienes sustentan estar a favor de la pena de muerte, primero deben saber que Perú tendría que retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por consiguiente, de la OEA (Organización de los Estados Americanos), organismo intergubernamental del que forma parte desde 1948 como miembro fundador.

En el caso de Abimael Guzmán, líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, fue sentenciado a cadena perpetua, el 7 de octubre de 1992, bajo la Constitución de 1979 porque la Constitución de 1993, propuesta por Alberto Fujimori tras disolver el Congreso, no había entrado aún en funcionamiento. La Constitución del 79 reconocía, en su artículo 235°, la aplicación de la pena de muerte solo en situaciones de traición a la patria en casos de guerra exterior, mas no en delitos de terrorismo.

Ahora bien, el hecho que el Perú decida retirarse de estos organismos internacionales no significa necesariamente que se disminuya la inseguridad por la incorporación de la pena de muerte en distintos supuestos de delitos comunes. También se debe analizar el factor disuasivo y criminógeno con el delincuente, el margen de error con los procesados por parte de la administración de justicia, así como las consecuencias que implicaría para Perú el tener que alejarse de la comunidad internacional.

Marko Kicimbaci
Estudiante de Derecho en la Universidad de Piura. Interesado en la política y en el Derecho Constitucional.
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