COYUNTURA

Reportaje: Gobierno negocia adenda con empresa que repartió agua con plomo

La concesión con Agua de Tumbes S.A. no ha dado buenos resultados, según informes de Sunass

En el 2005 se firmó el contrato de concesión entre la empresa Aguas de Tumbes S.A (Atusa) y las municipalidades provinciales de la región Tumbes por 30 años, para la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento. Esto se realizó a través de ProInversión, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El presidente de turno era Alejandro Toledo; el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Pablo Kuczynski; el ministro de Economía, Fernando Zavala; y el ministro de Vivienda, Rudecindo Vega.

Se confió que, con el ingreso de la empresa privada en el sector saneamiento, mejoraría el rendimiento y la calidad del servicio, pues, este servicio en su totalidad era gestionado por empresas públicas. El plan era que Tumbes funcionara de ejemplo para poder introducir más inversión privada en las demás regiones.

Sin embargo, los incumplimientos de Atusa se fueron volviendo evidentes al paso del tiempo. A través de diversos informes de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), se comprobó que la empresa no cumplió con sus metas de gestión. Pese a ello, el 2008 se emitió un laudo, una decisión final, a favor de Atusa, en la que se le eximía de responsabilidades. Y aun así, la empresa siguió incumpliendo sus metas de gestión como consta en posteriores informes del regulador, Sunass.

Informes de la Diresa determinaron que “los tumbesinos tienen problemas de salud”

Lo más alarmante es que Atusa distribuyó agua contaminada con plomo, arsénico y manganeso como si fuese agua potable, de acuerdo a diversos informes realizados por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa). En ellos se precisaba que el agua no cumplía con los estándares mínimos de calidad para ser distribuida.

Contrato de concesión ATUSA

La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Tumbes, por su parte, concluyó que se encontró residuos de plomo en las pruebas de sangre realizadas a una parte de la población. El 2016 se envió el Oficio N°2750-2016-GOB.REG.TUMBES-DRS-DESA-DR, que fue remitido a la exministra de salud Patricia García, y el Informe N°168-2017-VIVIENDA-VMCS/DGPPCS, dirigido a Fiorella Molinelli, en aquel entonces viceministra de Construcción y Saneamiento (hoy Ministra de Desarrollo e Inclusión Social). Ambos explicaban la grave situación de la región Tumbes. Entonces, ¿por qué la empresa siguió distribuyendo agua contaminada?

La defensa de Atusa fue decir que el río Tumbes estaba contaminado por actividades mineras que se realizaban en Ecuador. Sin embargo, el objeto de su contrato es la distribución de agua que cumpla con los estándares de calidad, algo que evidentemente no se hizo. Ahora bien, el contrato no se puede resolver por incumplimientos de estándares ambientales, pues en la estructuración del contrato no se contempla esto como una causal de nulidad, aun cuando la calidad del agua es el principal objeto del contrato. A pesar de ello, existe la posibilidad de que el Gobierno resuelva unilateralmente el contrato para hacer que la población deje de consumir el agua contaminada. Pero, ¿por qué entonces el Gobierno no ha resuelto el contrato a pesar de los evidentes incumplimientos?

¿Existe una respuesta?

El Gobierno de Kuczynski pretende firmar una adenda, es decir, quiere cambiar las condiciones del contrato a Atusa, la empresa que no solo incumplió con las obras, sino que distribuyó agua contaminada con plomo, arsénico y manganeso a los hogares de Tumbes. ¿Por qué el actual Gobierno insiste en mantener un acuerdo con esta empresa privada?

En diciembre del 2016 se remitió al viceministerio de Construcción y Saneamiento un proyecto de adenda. Atusa envió su propuesta de modificación del proyecto de adenda mediante la Carta N° 037-2017-ATUSA-GG, como consta en el Oficio N°263-2017-VIVIENDA-VMCS/DGPPCS firmado por José Salardi, director general de Programas y Proyectos en Construcción y Saneamiento.

Nuevamente, ¿por qué insiste este Gobierno en firmar una adenda a una empresa que ha incumplido su contrato con el Estado peruano? ¿Por qué hacerlo aun cuando se le informó a las ministras García y Molinelli de la delicada situación sanitaria de Tumbes?

¿Coincidencia o intereses?

Lo verdaderamente sospechoso es que quienes están evaluando firmar la adenda con Atusa son los mismos que promovieron la firma del contrato. El concurso público se realizó a través de ProInversión, organización que dependía en aquel entonces de Fernando Zavala, quien fue cuestionado por la adenda del contrato de Chincheros. Esto ocurrió cuando Kuczynski era el Presidente del Consejo de Ministros, el 2005. ¿Coincidencia?


Equipo de investigación:

  • Jair Villacrez
  • Luis Paredes
  • Santiago Zelada

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