COYUNTURA

Opinión: Violencia contra la mujer, la agenda pendiente

Imagen: Latinoamerica Piensa

Por: María Alejandra Gutierrez

El pasado martes por la noche sucedió un hecho que nos aterrorizó a todos. En Miraflores, un sujeto quemó viva a una mujer en un bus de transporte en la vía pública. La víctima, Eyvi Agreda, de 22 años, actualmente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Almenara como consecuencia del hecho. Ella se suma al gran número de mujeres víctimas de violencia en nuestro país.

Según el observatorio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Perú ocupa el octavo puesto entre los países con mayor número de feminicidios en la región, y en el primer trimestre del año, han ocurrido 32 feminicidios y 82 tentativas (con un incremento del 55% con respecto al año anterior). Cabe resaltar que el 50% de ellos han sido ocasionados por la ex pareja de la víctima, y la mayoría en el propio hogar de la agredida con motivo de celos, señala el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Estas alarmantes cifras no hacen más que comprobar que la violencia contra la mujer es una realidad patente en el país, que el Estado debe enfrentar.

Si bien en julio del 2016 se aprobó el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, que busca cambiar los patrones socioculturales que reproducen relaciones de poder que legitiman y exacerban la violencia de género; además de garantizar la recuperación de las víctimas; el plan ha sido insuficiente, y la creciente racha de delitos contra la mujer en lo que va del año son prueba de ello. Esto se debe a que, en gran parte, la política se limita al restablecimiento de las víctimas mediante los Centros de Emergencia Mujer (CEM) y no a la prevención propiamente; lo que hace de la violencia un problema persistente, que pone en riesgo la integridad de las mujeres peruanas.

Si bien factores como el bajo nivel educativo, la pobreza, la pertenencia a una familia disfuncional, el consumo de alcohol, entre otros, pueden aumentar la probabilidad de ser violentada, estos no deben legitimarla, ni mucho menos justificarla; el agresor es quien tiene la responsabilidad.

Para frenar la violencia es necesario el fortalecimiento de las leyes actuales y su cumplimiento, para ponerle fin a la impunidad y la promoción de políticas contra la violencia. Además, la educación que fomente la prevención, pero no solo basta con la participación pertinente del Estado para frenar este mal que daña miles de vidas cada año, este es un tema que compete a todos los ciudadanos.

La violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos, que pone en riesgo la vida, salud física y mental, el acceso a los servicios públicos, embarazos no deseados, el adecuado desenvolvimiento social, es decir, el pleno desarrollo. Es necesario tener cuenta que una vida libre de violencia no debería constituir un privilegio sino un derecho fundamental, por lo que el caso de Eivy no debería significar una cifra más a esta terrible lista, sino promover la toma de conciencia y el cese a la injusticia.

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