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Análisis: Pena de muerte en EE.UU., ¿sirven los tratados internacionales?

El Espectador

El 8 de noviembre se ejecutó por pena de muerte en Texas, Estados Unidos, a Rubén Cárdenas, un ciudadano mexicano. Él fue detenido en 1997 por el secuestro, violación y asesinato de su prima Mayra Laguna, de 16 años. Cárdenas se presentó voluntariamente a la policía, tras la denuncia de la desaparición de Laguna, y confesó el crimen durante el interrogatorio. Sin embargo, se le detuvo sin notificar a su consulado y por ende, sin proveerle asistencia consular en el debido proceso, tal como lo hizo saber un reportaje publicado por Univisión.

Esto constituye una clara violación al Artículo 36 (párrafo 1 y 2) de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados firmada en 1969 y ratificada por Estados Unidos y México en 1974 y 2002. Por lo tanto, la sentencia de Cárdenas es por naturaleza ilegal e inadmisible en un tribunal.

Expertos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han expresado la ilegalidad de esto y han pedido que se anule el proceso. De igual manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidió la revisión del juicio de manera legal, con la debida asistencia consular. A pesar de esto, el tribunal de Apelaciones Criminales de Texas hizo caso omiso a los pedidos y a las apelaciones presentadas por la defensa de Cárdenas, tal como la realización de pruebas de ADN, que probarían la inocencia de Cárdenas o la invalidación de la confesión debido a que se hizo bajo coacción, según indicó la defensa.

El caso de Cárdenas es uno del de los otros 52 ciudadanos mexicanos que también se encuentran con una sentencia de muerte en Estados Unidos, cuyos derechos humanos también fueron violados bajo la misma cláusula de la Convención de Viena. Ya existe un precedente llevado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el ‘Caso de Avena y otros ciudadanos Mexicanos en el 2004’, en el que Estados Unidos no permitió la representación de México para asistir a sus ciudadanos en condiciones de arresto por crímenes.

En este caso, la Corte determinó que EE.UU. tenía la obligación de cumplir con el Artículo 36 Convención para los 52 casos presentados y en el 2009 ordenó al país tomar las medidas necesarias para asegurar que cinco ciudadanos, entre ellos Rubén Cárdenas y José Ernesto Medellín, no fueran ejecutados teniendo aún un juicio pendiente. Esta orden fue violada, lo cual resulto en el Caso Medellín vs. Texas de la Suprema Corte de Estados Unidos, en el que se estableció que una decisión tomada, así sea por un tratado o corte internacional, no es obligatoria a menos que este respaldada por estatutos aprobados por el congreso, es decir, por una Ley nacional.

Esto muestra que, pese a los tratados internacionales ratificados, cada país puede actuar sin tomar en consideración las reglas establecidas. No solo se convierte esto en un debate moral sobre en qué punto hacer justicia para unos implica quitar la justicia de otros, sino que, además, cuestiona la validez y relevancia de los tratados internacionales. Además, esto suma a la lista de tensiones entre ambas naciones dado los precedentes establecidos durante la última campaña presidencial americana.

 

Daniella Salazar
Estudiante de Ciencias Políticas y Derechos Humanos en Trinity College, Connecticut, con estudios de filosofía en la Universidad de Viena. Practicante para la FAO. Nómada por naturaleza y fiel creyente que todo sabe mejor con leche condensada.
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