COYUNTURA

Opinión: ¡Qué no nos engañen!

Correo

En una era tan predominantemente sentimentalista, donde el odio y el rencor son parte de la agenda política mundial, los peruanos nos dejamos llevar por los destapes y la polémica, muchas veces exagerada por políticos que solo buscan sacar un provecho electoral. El caso “Pura Vida” ha generado una gran controversia nacional, pero estamos señalando a los responsables equivocados, pues estamos escuchando a parlamentarios que no conocen el tema y que, por el contrario, debido a sus proyectos legislativos, han demostrado tener propuestas más dañinas que fiscalizadoras.

Johny Lescano, por ejemplo, vociferó en la Comisión de Defensa del Consumidor que el presidente del Consejo Directivo de INDECOPI, Ivo Gagliuffi, había dejado impune a la empresa Kimberly Clark, cuando dicha empresa en verdad se había acogido al Programa de Clemencia (una especie de colaboración eficaz) que se encuentra estipulada en el Decreto Legislativo 1034°.

Por otro lado, Ivo Gagliuffi preside el área administrativa del Instituto, no la funcional, que es la que resuelve los casos, por lo que legalmente no tiene ninguna injerencia. Lo mencionado por Johny Lescano es un despilfarro de palabras y gritos que tiene como único propósito atraer electorado resentido y molesto por el engaño publicitario.

Lescano no solo desconoce la normativa de la Defensa a la Libre Competencia, sino que, además, sus recientes proyectos de ley planean modificaciones muy dañinas a nuestro sistema de protección al consumidor, como el reciente proyecto de modificación al Código de Consumo, en el que sugiere una fiscalización y control constante de todos los libros de reclamaciones[1], tarea abismal e imposible, que sobrecargaría al instituto y volvería los procedimientos más lentos que los del Poder Judicial.

Este parlamentario, junto a otros más, ha sugerido destituir a Ivo Gagliuffi de su cargo. Tal radical decisión la han elegido sin tomar en cuenta la labor del Presidente del Consejo Directivo durante los últimos siete meses, la cual ha sido muy positiva, tal como la modificación de los numerosos problemas que presentaba el Código de Protección al Consumidor[2].

Pero, ¿el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) no debió fiscalizar la publicidad engañosa de los productos? Debemos aclarar que el INDECOPI es el organismo técnico especializado encargado de la protección y defensa del consumidor. Sin embargo, ello no le otorga facultades para determinar y clasificar los productos lácteos, ni definirlos. Esta facultad le corresponde a la Dirección General de Salud Ambiental.

El INDECOPI, al momento de recibir una denuncia verificará si el producto denunciado cuenta con los registros correspondientes que lo catalogan como “leche evaporada”, tal como lo señala en la publicidad. Bajo ningún supuesto podrá discutir o cuestionar si, por la composición del producto, la clasificación debería ser modificada, pues no cuenta con los especialistas ni las competencias para poder etiquetar el insumo.

Esto nos lleva a concluir que el responsable de esta descuidada denominación es la Dirección General de Salud Ambiental, que, de manera laxa, otorgó denominaciones perjudiciales, que llevaron al Grupo Gloria a vendernos un producto que, a pesar de la denominación legal, no sería en la realidad leche.

¿Dónde queda Gloria en todo esto? El grupo Gloria actuó en base a una descuidada normativa sanitaria, por lo que no se puede ser sancionada. La irresponsable labor fue de los órganos normativos que permitieron un etiquetado tan descuidado. Si se sanciona al Grupo Gloria, se afectaría el principio de seguridad jurídica y se generaría la incertidumbre que, ante cualquier escándalo mediático, se podría ser sancionado a pesar de haber seguido las normas.

Esto no quiere decir que la empresa sea inocente, pues, teniendo conocimiento de la pobre normativa, Gloria se aprovechó de tal condición a fin de maximizar gastos a cambio del engaño a millones de consumidores. Entonces ¿deberían salir impunes? No, las multas no son el único mecanismo de sanción que puede percibir una empresa en la actualidad, pues los consumidores tienen la potestad de cambiar de producto y de no volver a confiar en tal empresa. El desprestigio de la marca debe ser la sanción que como consumidores se debería dar; es un deber castigar para no volver a dejarse engañar.

[1] http://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/indecopi-vs-sith-andres-calderon-428682

[2] http://ius360.com/publico/administrativo/ninguno-vale-mas-que-el-otro/

Rodrigo Seminario
Estudiante de Derecho en la PUCP. Aficionado a la historia, la política y al cine bélico desde muy pequeño.
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