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[Análisis] Arbitraje de consumo, ¿una solución rápida para quienes reclaman?

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Hace unos días, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a través de una nota de prensa en su portal web, daba cuenta que el Sistema de Arbitraje de Consumo (SISAC) es una manera de resolver los posibles conflictos de consumo entre proveedores y consumidores de manera voluntaria, sencilla, gratuita, rápida y con carácter vinculante, es decir, que la solución propuesta por la instancia superior debería ser respetada por las instancias inferiores.

Asimismo, precisó que en su primer año de creación, 31 proveedores se habían adherido al SISAC, pero que, al cierre del 1° trimestre de 2017, existían en el mercado 2 millones 500 unidades, según el Informe Técnico N° 02 de mayo de 2017 emitido por el INEI.

Ahora bien, ¿Es el SISAC realmente una manera rápida de resolver conflictos de consumo? El SISAC encuentra su reglamentación en el D.S. N° 46-2011, que establece en su artículo 21 que el órgano arbitral cuenta con un plazo de 90 días hábiles para emitir su laudo (una especie de sentencia) y que, además, de conformidad con el numeral 2 del artículo 1, el mismo tiene carácter vinculante y efectos de cosa juzgada.

Sin embargo, lo que no se dice es que el laudo puede ser anulado por el Poder Judicial a través de la Sala Civil, siempre que se cumplan con los requisitos señalados por el artículo 63 del D.L. 1071, norma que regula el arbitraje. A mayor ahondamiento, el Poder Judicial puede suspender los efectos del laudo si se cumplen determinados requisitos como por ejemplo una carta fianza. Del mismo modo, si el Poder Judicial declara infundado el recurso de anulación, la parte afectada puede recurrir a la Corte Suprema vía recurso de casación con la finalidad de que se revise la correcta aplicación de las causales de anulación del laudo. Como dato adicional, la interposición del recurso de casación suspende los efectos de lo resuelto por la Sala Civil.

El trámite que un proveedor puede realizar en la práctica para conseguir la anulación de un laudo es complejo y el consumidor no siempre tiene la solución de su caso de manera rápida, sino que, por el contrario, debe batallar legalmente en la vía arbitral y la judicial. Esto, evidentemente, desanima a cualquier consumidor afectado a recurrir a un sistema que aparentemente resolvería con celeridad su problema.

El SISAC brinda justamente una manera alterna de solucionar conflictos de consumo entre proveedores y consumidores. Sin embargo, resulta ser un imperativo que la agencia de la competencia brinde a los consumidores información oportuna, suficiente y veraz respecto de las ventajas y desventajas del SISAC, para que puedan decidir si optan por este sistema o por la denuncia administrativa.

Jhordan Pinillos
Abogado especialista en Derecho del Consumidor y estudiante de la Maestría en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
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