COYUNTURA

Opinión: La vacancia presidencial

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Por Carlos Hakansson Constitucionalista- Profesor de la Universidad de Piura

Al momento de escribir estas líneas, el Presidente de la República no ha brindado nuevas declaraciones luego que nos comunicara su aceptación para  acudir a la comisión congresal.  El tiempo transcurre y, en esta coyuntura, se trata de un bien escaso. Uno de los problemas que este gobierno ha mostrado desde el principio es su falta decisión, por eso debe tener presente que si deja pasar más tiempo todo se pondrá peor.

La negativa de asistir a una comisión parlamentaria también le ha pasado factura, su repentino deseo de acudir es tardío, agotó su tiempo de decisión y el Congreso le ha dado la oportunidad de renunciar para no vacarlo, pero sigue sin tomar decisiones; también ha quedado agotada su oportunidad para renunciar voluntariamente por su falta de acción inmediata; si dimite, pasará a la historia por su renuncia a presión .

La renuncia se convierte en la salida más digna. El tránsito por un proceso de vacancia ejerciendo su derecho de defensa en el Congreso será doloroso, pero no solamente para él  sino para la institución presidencial, es decir, para todos los cuidadanos que hemos sido representados en su ejercicio.

La oportunidad perdida para renunciar inmediatamente, una vez conocidas las pruebas sobre sus conflictos de intereses, como funcionario y en el ejercicio simultaneo de la profesión privada, significa que no puede seguir ejerciendo la presidencia para no mancillarla y afectar a la ciudadanía que lo eligió como representante de la nación. Por eso, su demora en decidir puede provocar la indignación popular en las calles a través de disturbios que expresan una palabra: deslegitimación.

La legitimidad es el justo título para el mando, la justicia es darle a cada uno lo suyo; el pueblo le dio el derecho a gobernar a un ciudadano que ganó un proceso electoral, pero que puede quedar deslegitimado por causales tan graves como la incapacidad moral al mentirle al país y también, no hay que olvidar, su obstrucción a la justicia despidiendo a las procuradoras anticorrupción.

En casi doscientos años de república, y con cuatro gobiernos constitucionales consecutivos, utilicemos las instituciones previstas en la Carta de 1993 para resolver democráticamente este problema  y que ingresen al escenario político la renuncia presidencial, su aprobación congresal y la juramentación del primer vicepresidente como nuevo jefe de estado.


El medio de comunicación no necesariamente comparte la posición del autor de los artículos de opinión

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