COYUNTURA

Análisis: Agricultura familiar, la oportunidad para las compras públicas

Andina

Las últimas semanas nos hemos visto envueltos en un debate polémico sobre el consumo de la “leche” Pura Vida, lo que devino en un sinfín de dimes y diretes en nuestro Congreso, las posiciones encontradas de diferentes sectores empresariales y de líderes de opinión utilizando sus horarios prime time para explicarnos la letra chica que muy pocas veces (o casi nunca) leemos en el etiquetado. Y, como siempre, los divertidos memes que hacen del debate público un espacio de entretenimiento e ironía.

Si bien uno de los principales temas giró en torno a la libertad del consumidor para decidir la procedencia y características de los productos que adquiere en el mercado con dinero de su bolsillo, poco se habló sobre el rol del Estado como consumidor de productos, específicamente, en lo que refiere a la provisión de alimentos en Instituciones Educativas, hospitales, cárceles, Fuerzas Armadas, entre otros; y, por supuesto, con dinero de los impuestos de todos nosotros.

Un reciente informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el Perú demuestra que cerca del 80% de la demanda de las compras públicas está a cargo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, el cual bajo un modelo de co-gestión local, busca brindar servicios de alimentación escolar de calidad (desayunos a nivel nacional y almuerzos en algunos ámbitos), para lo cual se establece estándares de calidad de los productos en todos los niveles de su cadena de producción y distribución.

Estos estándares reducen la capacidad de oferta disponible por parte de los proveedores, pues exige que las pequeñas o mediantes empresas regionales y locales inviertan en la mejora de sus productos. Pero, ¿qué pasa con aquellos productores locales que no cuentan con acceso a créditos y tecnología que les permita cumplir con los requerimientos establecidos por Qali Warma? Por ahora pasa poco o nada.

En noviembre de 2015, cuando el Gobierno anterior ya estaba de salida, se promulga la Ley N° 30355 Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura, con la que se busca el apoyo del Estado a la agricultura familiar en tres ejes: asistencia técnica y transferencia de tecnología; promoción y generación de mercados locales; y apoyo financiero.

Bajo este marco, el Ministerio de Agricultura y Riego tiene la responsabilidad de conducir la implementación de acciones articuladas a nivel intersectorial e intergubernamental que permitan que más productores locales puedan insertarse al mercado. En ese sentido, la compras públicas de alimentos representan una demanda fija que puede ser bien aprovechada por MINAGRI para generar mayor oferta local a través de la agricultura familiar, tal como se viene dado en países como Brasil o Nicaragua.

El caso del etiquetado de los productos lácteos pone en agenda otros temas que han sido relegados durante décadas y que, sin duda alguna, representa una oportunidad para el desarrollo de la agricultura familiar y de la sostenibilidad ambiental.

Jose Salazar Ríos
Politólogo chiclayano, a mucha honra.
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