COYUNTURA

¿De qué tratan las Reformas Constitucionales?

Fuente: Publimetro

Luego de haberse celebrado el XI Congreso Nacional de Derecho Constitucional y abordar diversos temas relacionados al constitucionalismo moderno cabe resaltar la importancia de las tres reformas a la Carta Magna en lo que va del presente año. No solo es trascendente el valor que tienen dichas reformas, sino también es un deber de todo ciudadano conocer y dominar cuáles son sus derechos para poder hacer un uso correcto  y defensa de los mismos.

La primera reforma trata sobre el plazo de la detención policial en caso de flagrante delito. El artículo 2° inciso 24 literal f  previo a su modificación señalaba “El detenido debe ser puesto a su disposición del juzgado correspondiente, dentro de veinticuatro horas o en el término de la distancia”. Luego de la reforma el artículo vigente plantea lo siguiente:

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho

  1. A la libertad y seguridad personales. En consecuencia:
  2. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización  de  las  investigaciones  y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en el término de la distancia.

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje,  tráfico  ilícito  de  drogas  y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término”.

Asimismo, la ley N° 30588 elaborada por el Congreso de la República reconoce el derecho Constitucional al acceso al agua. Incorporándose al artículo 7° lo siguiente:

Capítulo II. De los derechos sociales  y económicos

Artículo 7.- El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos.

El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la Nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible.

Por último, como parte del programa de lucha contra la corrupción desarrollado por el Ejecutivo se publicó la Ley N° 30650 que reforma el cuarto párrafo del artículo 41° de la Constitución sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que previo a la reforma planteaba “el plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado”.

Artículo 41.-  Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.

Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial.

La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.

El plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra la Administración Pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares. La acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves, conforme al principio de legalidad.

Marko Kicimbaci
Estudiante de Derecho en la Universidad de Piura. Interesado en la política y en el Derecho Constitucional.
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