CULTURA

Opinión: Reivindicación del amor: La Unión Civil (V)

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La Unión Civil No Matrimonial como propuesta legislativa reivindicativa

Actualmente en el mundo son 22 los países que desde el 2001, con el ejemplo de Países Bajos, aprobaron el matrimonio igualitario dentro de su territorio. Por nombrar algunos tenemos a: España, Canadá, Noruega, Suecia, Argentina, Brasil, Francia, Uruguay, Inglaterra, México (a determinar en cada Estado Federal) y EE.UU. Asimismo, en países donde el ordenamiento jurídico actual prohíbe directa o indirectamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, o que de plano no contempla figura alguna que pueda tutelar tales relaciones, se ha optado por la Unión Civil No Matrimonial como alternativa paralela que, aunque no cuenta muchas veces con el total de beneficios del matrimonio,  permite que las parejas LGTBI a corto plazo puedan formalizar su vínculo afectivo y se vean premunidos por derechos con los que antes no contaban; incluso bien puede convivir en un mismo orden jurídico con la figura del matrimonio igualitario como sucede en EE.UU., Uruguay y Argentina. Entre los países que han acogido únicamente la Unión Civil podemos nombrar a Suiza, quien tiene el mérito de ser el primer país del mundo en aprobarla en 2005; Alemania, Ecuador, Colombia y Chile.

En nuestro país, el 12 de setiembre de 2013 el congresista Carlos Bruce, en aquel entonces miembro de la bancada “Concertación Parlamentaria”, presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley N° 2647/2013-LR titulado “Ley que establece la unión civil no matrimonial para personas del mismo sexo” la cual introducía por primera vez en nuestro sistema jurídico la figura jurídica de La Unión Civil, definida en el Artículo 1° como: « (…) la unión voluntaria conformada por dos personas del mismo sexo con el fin de establecer y garantizar derechos y deberes, el uno para con el otro, considerados por la presente ley (…)».[1]

Desafortunadamente, y a pesar del debate generado en la escena pública y de todas las manifestaciones a favor mostradas por instituciones internacionales (caso ONU, Amnistía Internacional) y por movimientos civiles del país aglomerados en torno a la consigna de “#UniónCivilYa”, el proyecto fue archivado en la Comisión de Justicia del Congreso debido al cuestionable proceder de legisladores que, abandonando su labor de representación política de los intereses del pueblo peruano, terminaron por ceñirse a las opiniones de organizaciones de la sociedad civil afines, de forma predominante, a confesiones religiosas, a corrientes políticas conservadoras (pepecismo, fujimorismo, etc.) y a posturas de “defensa” de las mal llamadas “parejas reales” (heterosexuales), vulnerando con este recriminable accionar no solo la normativa de carácter supranacional sino también las máximas constitucionales internas.

Entendamos, pues, que las discusiones jurídicas en un Estado aconfesional e independiente no pueden ser contaminadas por pareceres de tintes morales vinculados a tal o cual credo o posición política. En todo caso, lo verdaderamente inmoral, en un sentido amplio, sería que en base a posiciones subjetivas se ejecute desde el Estado un trato discriminatorio que niegue derechos civiles a un sector objetivo de la ciudadanía, máxime cuando estos han sido reconocidos por tratados suscritos y ratificados por nuestra nación como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU (Arts. 2° y 7°); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Arts. 7°, 11°, 24°, 29°); y la Declaración de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género. Todo lo cual conforma un aparato supranacional de cumplimiento obligatorio que señala que los Estados se encuentran obligados a garantizar en su territorio los derechos reconocidos a las personas, sin ningún tipo de discriminación por la razón que fuere, y menos por causa de cómo se identifiquen y a quién decidan amar.

En ese sentido, la Unión Civil No Matrimonial, en tanto que se da en virtud del respeto por la dignidad humana, la libertad como medio para alcanzar la plenitud, la igualdad ante la ley y la prohibición de toda forma de discriminación, es perfectamente viable como figura jurídica paralela al matrimonio, puesto que busca generar una relación estable de parentesco entre la pareja, inscrita en los registros civiles; y porque, de adoptarse, permitiría a los miembros de la relación la posibilidad de constituir un patrimonio mancomunado, de formar un hogar amparado por las leyes que protegen a las partes en casos de violencia familiar, el derecho a heredarse mutuamente, de obtener la nacionalidad del compañero, de visitarle en establecimientos penitenciarios y de salud, de decidir en materia quirúrgica ante la imposibilidad de que el otro manifieste su voluntad, así como de ser beneficiado por el seguro de trabajo y el régimen pensionario del ser amado.

En suma, la Unión Civil dotaría de derechos básicos plenos a una población que actualmente carece de estos, permitiendo que las parejas del mismo sexo puedan ser legitimadas ante la sociedad en virtud de la ley y, como consecuencia, logrando un efecto disuasivo sobre la disminución de víctimas de la violencia homofóbica, la estigmatización y los crímenes de odio. Además debemos recordar que al ser una institución paralela pero a la vez distinta a la del matrimonio, en nada se afectaría a este último. Tampoco implicaría, como bien hemos sustentado en el presente ensayo, la perversión de la sociedad o la desnaturalización de la familia tal cual muchos alarmistas adujeron en su momento cuando se aprobó el concubinato.

 


[1] Bruce, C. Proyecto de Ley N° 2647/2013-LR: “Ley que establece la unión civil no matrimonial para personas del mismo sexo”.

 

Tadeo Palacios Valverde
Piura, 1994. Escritor, ilustrador y amante de la literatura pulp. Estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura. Sub director de la Revista Literaria “Malos Hábitos”.Lovecraftiano.
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